Unidad documental compuesta 000919018/0012 - Dos retratos de mujer sin identificar.

No tenemos apenas información o constancia de la historia de la familia propietaria del fondo fuera de los documentos que están depositados en el archivo, por lo que toda la información en cuanto a la genealogía se ha sacado de documentación personal del fondo, como los certificados de nacimiento y defunción, bautismos y matrimonio. (Figuran en Anexo I los árboles genealógicos de la familia)

La razón que justifica la formación de este fondo familiar es la posesión de la antigua Cartuja de Santa María de El Paular, cuyo origen se remonta al siglo XIV y que tras los procesos de exclaustración y desamortización iniciados en 1820 y continuados en 1835, se convierte en propiedad particular de la familia Sánchez Merino.

Los documentos más antiguos del fondo se refieren a Isidro Francisco Sainz de Rozas (1784-1845), hijodalgo y natural de Santayana en el valle de Soba (Cantabria), hijo de José Sainz de Rozas y de Francisca Sainz Manteca,

En torno a 1815 reside en Madrid, desde donde participa en las subastas de tierras desamortizadas organizadas por la Junta Nacional Superior del Crédito Público.

La gran extensión de las propiedades de las que disponía el Monasterio de Santa María de El Paular provoca una parcelación previa a su venta, con intención de sacar lotes y hacer más atractiva la oferta a los posibles compradores. Se realizan posturas, tasaciones y remates por particulares entre los que se encontraban Luis Martínez de Arce, Esteban Padura Aramburu e Isidro Sainz de Rozas.

En 1823 Fernando VII anula las disposiciones anteriores y restituye los bienes a los cartujos, si bien queda pendiente la devolución del dinero pagado por las propiedades a los compradores. Este hecho provoca que en la siguiente fase desamortizadora iniciada en 1835, estos compradores recuperasen directamente dichos bienes, destacando el caso de Isidro Sainz de Rozas, que se hace con la propiedad de la mayor parte de los prados que rodeaban el extinguido monasterio del Paular.

Además, en 1843 se pública un anuncio de subasta del recinto monacal, siendo adquirido en 1844 por Isidro Sainz de Rozas, con la condición contractual de preservar los bienes que todavía permanecían en el Monasterio.

Tras su muerte, los bienes acumulados son legados a su sobrino Manuel Sainz de Rozas Ayuso (1806-1859), hijo de su hermano Antonio y de Bárbara Ayuso, quien, a su vez, después de su fallecimiento sin descendencia en 1859, nombra testamentarios por partes iguales a sus hermanos Francisca e Isidro, y a su tía Rosalía Ayuso.

Rosalía Ayuso fallece en 1863, adjudicándose el tercio de los bienes que había heredado de Manuel a sus otros sobrinos Isidro y Francisca.

En este momento entra en escena Ramón Sánchez Merino (1816-1883), esposo de Francisca Sainz de Rozas, catedrático en la facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Central, y académico de número de la Real Academia de Medicina.

Desde 1861 Ramón inicia un proceso de compras de varios cerros y tierras adyacentes a las propiedades de su esposa, a lo que se añade que entre los años 1863 y 1868 compra a su cuñado Isidro Sainz de Rozas Ayuso (1816-1878) –profesor en Medicina y Cirugía y diputado a Cortes, residente en Trujillo-, la parte de la herencia que éste había recibido de su hermano Manuel.

Tras el fallecimiento de Francisca en 1868, Ramón y sus hijos Enrique y Soledad Sánchez Sainz de Rozas se convierten en herederos de su esposa, pasando a su propiedad la totalidad de los bienes adquiridos en su día por Isidro Sainz de Rozas.

Se inicia entonces una lucha con el Estado para determinar la forma en que debían conservarse las construcciones monumentales y los objetos artísticos que todavía se custodiaban en el recinto del Monasterio (retablo, sillerías del coro, cuadros, tallas escultóricas, etc), cuyos gastos repercutían exclusivamente en la hacienda de los Sánchez Merino.

Desde 1870 la familia Sánchez Merino eleva varias peticiones de intervención, lo que da lugar a la formación de una Comisión de expertos pertenecientes a la Academia de Bellas Artes de San Fernando que se encargaron de la tasación de las obras artísticas y de elevar una propuesta de deslinde entre la parte monumental de la antigua Cartuja, que debía recuperar el Estado, y la parte que podría permanecer en manos privadas para su explotación particular.

Finalmente, por escritura de 13 de julio de 1876, el Estado compra a Ramón Sánchez Merino la parte monumental del recinto (iglesia, refectorio y claustro), quedando el resto de edificaciones y terrenos contiguos al Monasterio como propiedad particular.

Forman esta propiedad particular una parte del edificio que fue Monasterio y su huerta, otro edificación conocida como Casa de la Madera y múltiples fincas rústicas (Dehesa del Paular; Prado Ontalva; Prado Ondilla; Prado Escapulario; Prado Retuerta; Prado de la Reina; Prado de La Llave; Prado del Navarejo; Prado Cabezuelo; Prado del Sapo; Prado Grande; Tierra del Trigalón; Tierra de los Tres Toriles; Tierra Comunes y Cañada; Prado Sotillo; Prado de las Arroturas; Prado del Puente de los Mojones).

Tras la muerte del propietario en 1883, sus hijos Enrique Sánchez Sainz de Rozas (-1889) y Soledad Sánchez Sainz de Rozas (-1928) reciben en herencia la finca. Ambos fallecen sin descendencia, pasando las propiedades por legado testamentario a ramas familiares secundarias, en calidad de copropietarios: una tercera parte a los hermanos Gabriel, Ana y Clotilde Sánchez Gavarret; una quinceava parte a los hermanos Antonio, Emilio, Fernando y Manuel Sánchez Corona; otra quinceava parte a favor de Mª Paz Sánchez Selgas; y la tercera parte indivisa restante a favor de Francisco Javier y Mª de las Mercedes Sánchez Barreto.

En 1934 los copropietarios inician unas obras de construcción y reparación en el recinto de la finca que son paralizadas al año siguiente por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, al tiempo que se inicia un expediente de expropiación forzosa del exmonasterio y de las celdas situadas alrededor del claustro.

El 18 de julio de 1936 se decreta la expropiación forzosa de la parte del edificio monacal que permanecía en manos particulares, si bien, el inicio de la Guerra Civil ese mismo día paraliza la ejecución del proyecto.

Tras la contienda, los propietarios solicitan la devolución de la finca por vía contencioso-administrativa, argumentando una posible nulidad del Decreto anterior.

Finalmente, el 20 de octubre de 1943, el Estado recupera por nueva adquisición la propiedad del “resto de los edificios y huertas que integran el conjunto, cuya disposición y conservación se considera fundamental para poder mantener el carácter del monumento en si mismo y en relación con el paraje en que está emplazado”.

La resolución del expediente de expropiación significa para los Sánchez Merino la pérdida de las construcciones monacales de la finca, que pasan a formar parte del conjunto histórico monumental.

En 1954 el Estado cede a la orden benedictina para la constitución de una abadía, recuperando así el uso religioso del recinto.

Al mismo tiempo, esta saga familiar continúa como propietaria de las numerosas fincas rústicas adyacentes al Monasterio que habían sido adquiridas en vida por Ramón Sánchez Merino.

Estas posesiones fueron explotadas mediante contratos de arrendamiento a terceros, entre los que destacamos los establecidos desde mediados del XIX con la Sociedad Civil Belga referidos a la madera de los bosques del Paular o los estipulados entre ganaderos de la zona y la Sociedad Mercantil “Términos y Prados del Paular (TERPRAPAUL, S.A.), creada a finales del siglo XX por Luis José María Alonso Sánchez (1918-), sobrino de Gabriel Sánchez Gavarret, para el aprovechamiento de los pastos.